lunes, 22 de agosto de 2011

Disposiciones complementarias de la Ley de Municipalidades 27972

PRIMERA.- La Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP -, a través de sus oficinas registrales, procederán a la regularización administrativa del tracto sucesivo o a la prescripción adquisitiva de dominio de los bienes inscritos, de conformidad con los reglamentos que para dichos efectos emita, tomando en consideración, en lo que resulte pertinente, lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 032-99-MTC.

Las acciones antes indicadas serán desarrolladas progresivamente y de oficio, sea directamente o por convenio con otras entidades públicas, salvo los supuestos de tramitación a pedido de parte que dispongan los reglamentos.

Lo dispuesto se aplicará en todo aquello que no se oponga a las acciones de formalización de la propiedad a cargo del Programa Especial de Titulación de Tierras y de COFOPRI; siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 2014º del Código Civil.

SEGUNDA.- La asignación de competencias a las municipalidades provinciales y distritales a que se refieren los artículos 73º y siguientes, se realizará de manera gradual de acuerdo a la normatividad de la materia, respetando las particularidades de cada circunscripción.

TERCERA.- El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Contaduría de la Nación, la Contraloría General de la República, así como el Ministerio de Justicia, mediante decreto supremo, dictará normas especiales acordes a la realidad de las municipalidades rurales que no cuentan con los recursos humanos y económicos para aplicar las normas vigentes.

CUARTA.- Las competencias y funciones específicas contempladas en la presente ley que se encuentren supeditadas al proceso de descentralización establecido en la Ley de Bases de Descentralización, se cumplirán progresivamente conforme se ejecuten las transferencias de la infraestructura, acervo, recursos humanos y presupuestales, y cualquier otro que correspondan, dentro del marco del proceso de descentralización.

QUINTA.- El Consejo Nacional de Descentralización, en coordinación con los sectores, iniciará en el año 2003 el proceso de transferencia de funciones a los gobiernos locales de los fondos y proyectos sociales, así como de los programas sociales de lucha contra la pobreza.

SEXTA.- En concordancia con los principios y criterios de gradualidad, neutralidad y de provisión contenidos en los artículos 4º, 5º y 14º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización, las transferencias de recursos económicos del gobierno nacional a los gobiernos locales, se incrementarán en cada ejercicio fiscal, de acuerdo al avance del proceso de descentralización. Los gobiernos locales adoptarán acciones administrativas orientadas a incrementar sus ingresos propios en función a lo que se disponga en la Ley de Descentralización Fiscal.

Para el ejercicio fiscal 2004, el incremento de las transferencias permitirá a los gobiernos locales, una participación no menor al 6% (seis por ciento) del total del Presupuesto del Sector Público. A partir del año 2005, y por un lapso de 4 (cuatro) años, esta participación se incrementará anualmente hasta alcanzar no menos del 12% (doce por ciento) del total del Presupuesto del Sector Público.

SÉTIMA.- Para asegurar que el proceso de transferencia se realice en forma progresiva y ordenada, el Poder Ejecutivo constituirá, dentro de los 10 (diez) primeros días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente Ley, Comisiones Sectoriales de Transferencia, presididas por los viceministros de los sectores correspondientes.

Las comisiones sectoriales de transferencia propondrán, hasta el último día útil del mes de febrero de cada año, los planes anuales de transferencia, los mismos que serán presentados al Consejo Nacional de Descentralización.

Hasta el último día útil del mes de marzo del año correspondiente el Consejo Nacional de Descentralización evaluará y articulará los planes sectoriales y coordinará la formulación del plan anual de transferencia de competencias sectoriales a las municipalidades, el mismo que será presentado para su aprobación por decreto supremo, con el voto favorable del Consejo de Ministros.

OCTAVA.- Los predios que correspondan a las municipalidades en aplicación de la presente ley se inscriben en el Registro de Predios por el sólo mérito del acuerdo de concejo que lo disponga, siempre que no se encuentren inscritos a favor de terceros.

En este único supuesto, la regularización de la titularidad municipal estará exonerada del pago de derechos registrales, siempre que se efectúe en el plazo de un año a partir de la vigencia de la presente ley.

NOVENA.- Mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se aprobará el listado de las municipalidades rurales.

DÉCIMA.- Las funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima en materia regional se determinan en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

DÉCIMO PRIMERA.- La ejecución de obras e instalación de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, disposición sanitaria con excretas y electrificación hecha con aportes de la población, constituyen patrimonio de la municipalidad donde se ejecutaron las mismas. Por tanto la entidad prestadora que opera en esa localidad, recepcionará dicha infraestructura con carácter de contribución reembolsable.

Este reembolso podrá hacerse a través de la transferencia de acciones, bonos u otras modalidades que garanticen su recuperación real.

Los recursos que obtengan las municipalidades por dicho concepto deberán ser utilizados en obras dentro de su jurisdicción, bajo responsabilidad.

DÉCIMO SEGUNDA.- Las municipalidades de centros poblados creadas a la vigencia de la presente ley adecuan su funcionamiento, en lo que sea pertinente, a las normas dispuestas en la presente ley.

Los centros poblados creados por resoluciones expresas se adecuan a lo previsto en la presente Ley, manteniendo su existencia en mérito a la adecuación respectiva y las ordenanzas que sobre el particular se expidan.

El período de los alcaldes y regidores de los centros poblados existentes se adecua a lo previsto en la presente ley.

Modificada en lo que corresponda por aplicación de la Ley No. 28458 (El Peruano del 08.01.2005) que establece plazo para la adecuación de las municipalidades de centros poblados a la Ley No. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

DÉCIMO TERCERA.- Tratándose de predios respecto de los cuales dos o más jurisdicciones reclamen para sí los tributos municipales que se calculan en base al valor de autovalúo de los mismos o al costo de servicio prestado, se reputarán como válidos los pagos efectuados al municipio de la jurisdicción a la que corresponda el predio según inscripción en el registro de propiedad inmueble correspondiente. En caso de predios que no cuenten con inscripción registral, se reputarán como válidos los pagos efectuados a cualquiera de las jurisdicciones distritales en conflicto, a elección del contribuyente.

La validación de los pagos, conforme a lo anterior, tendrá vigencia hasta que se defina el conflicto de límites existente, de manera tal que a partir del año siguiente a aquél en que se defina el conflicto de límites, se deberá tributar al municipio a cuya jurisdicción se haya atribuido el predio.

A partir del día de publicación de la presente norma, se dejará sin efectos todo proceso de cobranza iniciado respecto de tributos municipales por los predios ubicados en zonas de conflicto de jurisdicción, a la sola acreditación por el contribuyente de los pagos efectuados de acuerdo a los párrafos precedentes de este artículo.

DÉCIMO CUARTA.- Los propietarios de edificaciones que hayan sido construidas sin licencia de construcción y/o en terrenos sin habilitación urbana, hasta el 31 de diciembre de 2003, podrán regularizar su situación, sin pago de multas ni otras sanciones, hasta el 31 de diciembre de 2005, mediante el procedimiento de regularización de edificaciones a que se refiere la Ley N º 27157 y normas reglamentarias.

Texto modificado por la Ley No. 28437 (El Peruano del 28/12/2004)

DÉCIMO QUINTA.- El sistema de acreditación de los gobiernos locales es regulado por ley, con votación calificada, sobre la base de la propuesta técnica elaborada por el Consejo Nacional de Descentralización.

DÉCIMO SEXTA.- Las municipalidades determinarán espacios de concertación adicionales a los previstos en la presente ley y regularán mediante ordenanza los mecanismos de aprobación de sus presupuestos participativos.

DÉCIMO SÉTIMA.- Las deudas provenientes de aportes a las diferentes entidades del Estado que se encuentren pendientes de pago hasta el 31 de diciembre de 2002 podrán reprogramarse, refinanciarse o reestructurarse, con un plazo no menor a los cuatro años ni mayor a los diez años. Los términos y condiciones del fraccionamiento especial a favor de los municipios, se determinará por libre acuerdo entre las partes.

DÉCIMO OCTAVA.- Las municipalidades que tengan a su cargo beneficiarios del Decreto Ley Nº 20530, deberán priorizar el pago oportuno de sus pensiones pendientes o por generarse; para tal efecto y cuando estas no puedan ser cubiertas con los otros ingresos de sus presupuestos, deberán disponer de hasta el diez por ciento de los recursos del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). Incurren en responsabilidad los Concejos que contravengan lo dispuesto en el presente párrafo.

DÉCIMO NOVENA.- Para la implementación de los portales electrónicos el Consejo Nacional de Descentralización diseñará un software con una estructura uniforme para todas las municipalidades.

VIGÉSIMA.- Las municipalidades provinciales o distritales, por única vez, con acuerdo adoptado por dos tercios de los miembros del concejo municipal, podrán declararse en emergencia administrativa o financiera, por un plazo máximo de noventa días, con el objeto de hacer las reformas, cambios o reorganizaciones que fueran necesarias para optimizar sus recursos y funciones, respetando los derechos laborales adquiridos legalmente.

VIGÉSIMO PRIMERA.- Los fondos municipales de inversión se mantienen vigentes y se rigen por su ley de creación.

VIGÉSIMO SEGUNDA.- Cuando la gestión financiera y presupuestaria de los gobiernos locales comprometa gravemente la estabilidad macroeconómica del país, podrán dictarse medidas extraordinarias en materia económica y financiera conforme inciso 19) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú.

VIGÉSIMO TERCERA.- Hasta la entrada en vigencia de la Ley de Descentralización Fiscal los recursos mensuales que perciben las municipalidades por concepto del Fondo de Compensación Municipal no podrán ser inferiores al monto equivalente a 8 UIT vigentes a la fecha de aprobación de la Ley Anual de Presupuesto.

VIGÉSIMO CUARTA.- En concordancia con el artículo 125º de la presente Ley, se mantiene la vigencia de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE.

VIGÉSIMO QUINTA.- Derógase la Ley Nº 23853 que aprueba la Ley Orgánica de Municipalidades, sus normas legales complementarias y toda disposición legal que se oponga a la presente ley, en lo que corresponda.

domingo, 21 de agosto de 2011

Declaración de Arequipa de los alcaldes del Perú

Declaración de Arequipa

Acuerdos del Encuentro Nacional de Municipalidades del Perú

Ciudad de Arequipa, 13 y 14 de Agosto del 2011

Las Municipalidades reconocidas como el primer escalón del estado y soporte de la democracia, reunidos en este Encuentro convocados por nuestra Asociación histórica y representativa, como es la AMPE; acordamos lo siguiente:

Sobre Seguridad Ciudadana:

1.- Flexibilizar el uso del presupuesto municipal para priorizar inversiones oportunas en acciones de seguridad ciudadana, fortalecimiento del servicio de serenazgo, y contribución a la implementación de la Policía Nacional de la respectiva jurisdicción.

2.-El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana propuesto por el gobierno debe considerar a la AMPE EN REPRESENTACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES y enfrentar de forma integral la seguridad ciudadana urbana y rural.

Sobre Gestión del Territorio y Catastro Municipal:

3.- El gobierno local debe tener pleno conocimiento de su territorio y asumir un nuevo acuerdo político social plasmado en el Plan de Gestión Territorial, convirtiendo las ventajas comparativas en ventajas competitivas para promover e impulsar el desarrollo local.

4.- Las municipalidades tienen la obligación de gestar su catastro municipal y utilizarlo en la identificación de necesidades que permita la mejora de su recaudación y administración de recursos, además aprovechar los incentivos de modernización municipal y otros.

Sobre Descentralización Fiscal:

5.- Plantear las modificaciones de la Ley de Descentralización Fiscal, respetando la autonomía municipal orientado al verdadero cambio del presupuesto público, rediseñando las transferencias intergubernamentales en base a las funciones que corresponden a cada nivel de gobierno, exigiendo transparencia en la asignación y fondos previsibles para los gobiernos locales y regionales.

6.- los gobiernos locales deben asumir el reto de la gestión por resultados, a la vez de plantear estrategias que superen las inequidades actuales por la distribución del canon, abriendo el debate sobre el destino de la aplicación del impuesto a las sobre ganancias y la distribución del FONCOMUN de manera compensatoria.

Sobre Desafíos de la Descentralización:

7.- El Perú espera el mutuo respaldo y acuerdo entre los tres niveles de gobierno, aprovechando esta gran oportunidad de inicio del Gobierno de Ollanta Humala, que representa el voto del bloque popular procedentes de distritos, provincias y regiones del interior del país. A la vez, es importante el fortaleciendo de la institucionalidad en los tres niveles de gobierno.

8. La descentralización que significa transformación en democracia, paralizada en el gobierno de Garcia, recentralizando el poder político y económico, convirtiendo el Consejo Nacional de Descentralización (CND) tan sola en una Secretaría adherida a la Presidencia del Consejo de Ministros. Por lo que se plantear la constitución del CND que, con las debidas rectificaciones, deberá llevar adelante la descentralización como política de estado, incluyendo a la AMPE como entidad representativa de las municipalidades del Perú.

9.- Para avanzar en este camino, se deberá fortalecer la Junta de Coordinación Intergubernamental como impulsora fundamental de 03 o 04 grandes proyectos macroregionales; que coadyuve a la productividad y competitividad local, con consulta previa, conforme lo están emprendiendo la AMPE, MINCETUR y ADEX, al que se suma la actual Secretaría de Descentralización. La finalidad de esta alianza es consolidar como sostenible e irreversible el actual proceso de descentralización.

10.- Una tarea urgente compartida es la tipología de municipalidades, no puede continuar un trato “a ciegas” a todas las municipalidades por igual. Otra tarea fundamental compartida es el fortalecimiento y desarrollo de capacidades locales y regionales; mediantes diplomadas, encuentros y otros hasta instalar la Escuela Nacional de Formación Publica.

11.- Los conflictos sociales merecen política preventiva permanente que incluya a las municipalidades y gobiernos regionales construyendo un clima de convivencia y concertación. Para el efecto se debe aprobar de inmediato la Ley de Consulta Previa.

Sobre el Proceso de Revocatoria:

12.- Para el proceso de revocatoria que es una consulta, solo tienen derecho a su pedido quienes forman parte del padrón electoral, es decir solo puede revocar su decisión quienes adoptaron una decisión y emitieron su voto en una circunscripción electoral. Una estrategia clave para salir exitoso de dicho proceso solo dependerá del trabajo de las autoridades saliendo satisfactoriamente de la misma, evitando distraer las tareas y el trabajo municipal que los vecinos han encomendado.

Sobre la Despenalización de las Protestas Públicas:

13.- La despenalización de las protestas públicas para funcionarios públicos es una urgente necesidad, que el AMPE, como institución reconocida y legitimada en la LOM, deberá plantear su derogación a través del Congreso de la Republica, ya que limita la correcta representación de la población y de sus necesidades.

Sobre las Remuneraciones:

14.- Si bien el plazo para fijar las dietas y remuneraciones de los alcaldes y regidores se da al inicio de la gestión, no existe impedimento legal para efectuar alguna actualización de los montos, si varía la cantidad de la población que sirvió de referente al inicio de la gestión.

15.- No se debe desalentar la vocación de servicio que tiene los buenos ciudadanos, por los bajos sueldos, en tanto subsista la vigencia de normas inconstitucionales e inconsistentes como la ley N° 28212, el D.S. 025-2007 y el Decreto de Urgencia 038-2006, obligando a que la política se convierta en elitista pues solo lograran que participen en la vida política representativa los que tengan ingresos para sostener sus gastos.

Arequipa 14 de Agosto del 2011

 

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